(2003)

Rafael Rey Rey

Aunque el Tribunal Constitucional (TC) sea instancia inapelable en materia de constitucionalidad de una ley, no está garantizado que sus decisiones sean siempre correctas, convenientes y justas.

En mi opinión, el reciente fallo que declara inconstitucional de la pena de cadena perpetua y el delito de traición a la patria atenta contra el sentido común de todos los peruanos que enfrentamos –cada uno desde su trinchera particular- las atrocidades de los delincuentes terroristas que asesinaron a hombres y mujeres, niños y ancianos, campesinos y policías, civiles y militares. Que ocasionaron la destrucción de bienes privados y públicos. Que causaron pérdidas de miles de millones de dólares. Que atentaron, ellos sí, sistemáticamente contra los derechos humanos de todos los peruanos.

El fallo del TC está minimizando, el sacrificio de muchos civiles y militares que dieron su vida para salvar a su país y a sus compatriotas de la barbarie de quienes tienen el asesinato y el genocidio como ideología.

Se puede comprender que no se permita la cadena perpetua para una persona que asesina en un momento de ofuscación o de apasionamiento o por equivocado interés personal pero no es ese el caso de los terroristas cuya “labor habitual y su objetivo” era asesinar permanentemente. Sus delitos han sido total y rotundamente probados, y fueron realizados con premeditación, ventaja y alevosía. Bien merecida tienen pues su pena.

Hasta ahora, en el tema de los juicios y sentencias a los terroristas, el TC había actuado con prudencia, reconociendo tácitamente la situación de emergencia extrema por la que pasó el país, cuyo orden legal y estado de derecho había sido violado sistemáticamente por los terroristas. Ahora están abriendo una gran rendija, una puerta falsa para que terroristas confesos sean nuevamente juzgados y tengan la posibilidad de reducir sus penas y en más de un caso salir en libertad.

Pero eso no es todo. Según el TC, por el contrario, aquellos que decidieron permanecer en el gabinete de Fujimori después del 5 de abril del 92, sí merecen acusación, denuncia, condena, cárcel y hasta confiscación de sus bienes, aún cuando no actuaran dolosamente, aún cuando su decisión estuviera motivada por el deseo de aportar sus mejores esfuerzos a resolver los graves problemas de terrorismo, de hiperinflación, de aislamiento internacional y de buscar el más pronto retorno al régimen democrático. Es decir, a los terroristas asesinos mejor trato, nuevos juicios y reducción de penas. A los ex ministros mano dura, condenas más fuertes y confiscación de bienes, afectando a sus familias “por golpistas”.

Ya no son sólo los comunistas y la izquierda nacional e internacional los que pretenden perseguir a quienes consideran sus enemigos. Ahora el propio TC contribuye a ese objetivo.

Los miembros del TC saben perfectamente que la justicia no es sólo aplicar la ley. La justicia es esencialmente interpretar y ejecutar el espíritu de la ley. Por eso la justicia debe ser ejercida siempre por quienes tienen la atribución de hacerlo, primero como seres humanos con visión trascendente y luego como especialistas en Derecho y en función de la autoridad que les ha sido delegada y que está por encima de la letra escrita.

Es incuestionable que algunos fallos del TC constituyen, en este caso, un grave retroceso en la lucha contra el terrorismo y, en otros, negativas señales para la confianza en nuestra estabilidad jurídica tan necesaria para la viabilidad como país que necesita paz, seguridad, inversión, trabajo y desarrollo.

La protesta contra esos fallos, equivocados, del TC está creciendo como un clamor popular y yo me uno públicamente a ese clamor.