(2003)

Rafael Rey Rey

Quienes eligieron a Toledo, creyeron que pondría en marcha un programa coherente de gobierno, el plan todavía desconocido de ese “partido Perú Posible”. Quienes opinamos que no tenía capacidad para gobernar, temíamos que cedería sin argumentos ni razones a las presiones de salón y de callejón, en un intento absurdo y descabellado de mantener elevados índices de popularidad. Lamentablemente no nos equivocamos.

Es realmente escandaloso. El gobierno de Toledo no gobierna, sólo sobrevive. Al ritmo que le imponen las presiones que el mismo gobierno origina. Siempre es la misma historia. Primero miente, prometiendo algo que no puede cumplir o no conviene hacer. Después incumple la promesa. Luego, cuando se le reclama lo prometido, no responde o niega la existencia de la promesa, mintiendo otra vez. Con su actitud origina que los afectados tomen medidas de presión. Entonces Toledo y su gobierno afirman que el reclamo es inaceptable, que lo que se pide es imposible e inconveniente para el país y que no cederá al chantaje. Las medidas se radicalizan, con enormes pérdidas materiales y económicas, y entonces el gobierno cede comprometiéndose a cumplir lo que le exigen. Por arte de la demagogia, lo que era imposible, inconveniente e inaceptable se convierte en posible, conveniente y aceptable. Así pasó con las privatizaciones de empresas eléctricas en Arequipa, con el otorgamiento de precios subsidiados en la compra estatal a los arroceros en San Martín, con el otorgamiento de medidas favorecedoras del narcotráfico en la Amazonía, con la reposición de empleados públicos que recargarán inútilmente el gasto público, con los partidarios, sin oficio conocido, de Perú Posible que solicitan y logran puestos públicos desplazando a profesionales y técnicos capaces. Y para qué seguir.

Cuando un presidente tiene presiones, el país espera la imagen del estadista que explica, contra la demagogia, cómo debe gobernarse. No es el caso de Toledo. Él espera y hace esperar irresponsablemente a los que tienen y a los que no tienen, a nativos y foráneos, a los que protestan y a los que no lo hacen. A todos. Y después de esperar, cede a las presiones. Pierde el Perú. Peor que si desde el principio eligiera el camino malo. Porque Toledo no elige el camino malo. Elige el camino pésimo, que es el de resistir, como si fuera a salvaguardar la decisión correcta, y cuando ya el país ha sufrido los destrozos, precio de la demagogia, la mentira y la violencia y también de la defensa de la decisión correcta, entonces, en lugar de reconocer y disculparse por su mentira y falsa promesa, flaquea, cede, y se allana a las exigencias. Peor que peor.

En el caso de los transportistas, si se iba a terminar aceptando –como lo han hecho- todo lo que éstos exigían, hubiera sido preferible que lo hicieran antes de la huelga. Así el país se hubiese ahorrado las multimillonarias pérdidas que la huelga ha ocasionado. Porque ahora, a las graves consecuencias económicas que se originarán por aceptar que se fijen tarifas mínimas (incrementos de precios e inflación, que afectará finalmente a todos los peruanos y en especial a los más pobres, a quienes Toledo dice que defiende) se suman las pérdidas ocasionadas por la huelga que originaron las mentiras de Toledo. El problema de los transportistas formales es la competencia desleal de los informales, que como no pagan impuestos, ni seguros, ni tienen costos fijos, ni dan facturas, cobran menos que los formales. Eso es lo que el gobierno debe combatir con firmeza y con la ley. Pero no. Se toma el camino fácil. Hemos vuelto al control de precios que lo único que origina es más informalidad, más mercado negro y encima aumento de precios. Es increíble.

El país observa el desgobierno, la falta de autoridad en el Estado, la pérdida de oportunidades, la fuga de los inversionistas privados y de los capitales nacionales, la quiebra de las empresas que no pueden programar una estrategia de trabajo, porque les cambian las reglas cada mes, al son del griterío.

En el caso de los maestros del sector público, se advierte una incapacidad de buscar la solución a la raíz del problema, por lo demás ya conocida en el mundo desarrollado. Para que la educación no se concentre desmedidamente en el Estado, con carga económica que no se puede sostener con el dinero de los contribuyentes, en detrimento de los maestros, cuyos sueldos son de hambre, y de los escolares, cuya formación se deteriora por falta de calidad. El gobierno está recortando presupuestos sectoriales sin ton ni son para hacer una especie de colecta, con el intento de cumplir con su promesa de aumento “al doble de lo que ganan hoy” los maestros.

El gabinete se ha dividido entre los ministros que quieren respetar la Constitución y las leyes, que es la mejor manera de salvaguardar la democracia; y los ministros que sólo quieren quedar bien, salir del apuro, solucionar la coyuntura, para que el siguiente pague los platos rotos. Por eso han aceptado lo que los transportistas solicitaban, una franja de precios máximos y precios mínimos, es decir, la ruptura del libre mercado. Cierto que en apariencia, es una medida temporal. Pero, ¿quién le cree a un gobierno que miente?. El próximo gobierno tendrá que deshacer el entuerto. La democracia se convierte así en sinónimo de mentira y engaño, de desorden y caos, de debilidad e incoherencia, de improvisación y escándalo y, como no, de espectáculo vacuo. Mientras, el resultado es el incremento del desempleo, el aumento del subdesarrollo, el crecimiento de la pobreza extrema, la multiplicación de los robos, secuestros y asaltos al paso, el abandono del país de profesionales y técnicos, que tienen mejor futuro en otros países, donde todo lo aquí descrito no sucede.

Si el gobierno hubiera tenido autoridad moral, replicaría con acierto a las demandas inconvenientes o desmedidas, y la ciudadanía estaría de acuerdo con Toledo. Pero no, el país pierde millones con las paralizaciones laborales, ahuyenta a los posibles empresarios y turistas, desalienta a los empleados que recurren al delito, reiniciando un proceso crónico de corrupción, que el gobierno dice que desea erradicar.

El camino fácil es el camino equivocado. A la larga es el más difícil para los ciudadanos, aunque sea el más cómodo para los gobernantes ineptos.