(2003)
Rafael Rey Rey
He visto con pena cómo se está desenvolviendo el proceso de anticorrupción parlamentaria. Se acusa por acusar, sin la serenidad ni la cautela convenientes como exige un proceso de este tipo. Así, apoyarse en declaraciones de un colaborador eficaz es arriesgado, puesto que por dar la impresión de saberlo todo puede llevar a la desgracia a personas inocentes. Y de la misma manera, otros dudosos testimonios o pruebas.
El caso del ex contralor de la República, José Caso Lay, es un ejemplo como cualquier otro, del que no adelanto juicio, puesto que no he intervenido en la Subcomisión investigadora, que preside el congresista Santos Jaimes. De dicha Subcomisión no ha salido, hasta ahora, una información completa ni una fundamentación jurídica sólida. Así, sin embargo, se lleva la acusación a la sesión plenaria del Congreso. La exposición ofrece contradicciones, confundiendo a los representantes, que saben por supuesto mucho menos de lo que aparentemente han averiguado los miembros de la mencionada Subcomisión investigadora. Los congresistas, al no poderse hacer un juicio propio del problema, terminan fiándose del acusador, sin escuchar suficientemente a la defensa del acusado, que se encuentra así en una situación de desventaja. Salen al paso, manchando honras por encargo, sin la convicción que merece el honor de cada persona.
Se juega la honra de las personas, la angustia de las familias de los acusados, el prestigio de los desempeños en la función pública, con criterios que más parecen de consigna partidaria y venganza política, o de irresponsabilidad colectiva. No se advierte un desprendido amor a la justicia ni un convencido empeño racional de luchar contra la corrupción allí donde realmente la ha habido. Así lo he dicho en mi intervención, porque no podemos mirar al pasado para denigrarlo pensando acaso que así estamos limpiando el futuro de la posibilidad de caer en los mismos vicios.
El razonamiento de los acusadores es simple: si hubo un gobierno corrupto, el contralor de entonces debe ser doblemente corrupto, puesto que no detectó la corrupción. Simple, pero insuficiente. Hubo muchas personas honradas que no detectaron a tiempo la corrupción de finales de siglo, puesto que la corrupción se inicia normalmente a la sombra. Si el ex contralor José Caso Lay ha incumplido con sus funciones, es imprescindible probarlo, para que no sea un argumento revanchista sino un análisis legal lo que lleve a la Subcomisión investigadora a plantear el asunto al Pleno del Congreso, con una exposición de pruebas convincente e irrebatible, lo que no se ha dado.
La abogada ha recordado que cada uno es responsable de sus actos; que la responsabilidad en el ejercicio de la función pública es personal, no institucional. José Caso Lay es responsable de haber hecho bien o mal su función fiscalizadora en el ámbito administrativo del Estado; no lo es, en cambio, de los actos de corrupción que evadieron todo control o se hicieron al margen de los trámites ordinarios de la administración pública, sin que una acción contable pueda detectarlos.
Sería ideal para un partido, como Perú Posible, que el ex contralor de la República, en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, sea encontrado culpable de muchos actos de corrupción. Ello demostraría hasta donde llegó la inmoralidad en el manejo de la cosa pública. A conseguir esta meta parece encaminada la acusación a José Caso Lay. Pero al margen de la recta o torcida intención de los acusadores, para que tal acusación siga su curso es necesario que se sostenga a tenor del derecho, no solamente que responda a los planes de quienes quieren salir airosos en la política a base de enlodar a otros.
El país está cansado de dudosos procesos y demasiados ataques, muchas veces solamente periodísticos y parlamentarios. Quiere condena para los corruptos responsables de la crisis de moralidad que sufre el Perú. Pero no quiere una caza de brujas ni un delirio de persecución, en el que paguen justos por pecadores.