(2005)
Rafael ReyRey
La jueza anticorrupción, doctora Carolina Lizárraga, responsable del caso de las firmas falsas de la agrupación política Perú Posible, me ha convocado hace unos días para recoger mi testimonio, por haber sido depositario original de una denuncia sobre la mencionada irregularidad, la misma que, después de las naturales investigaciones preliminares del caso, para comprobar su presunta verosimilitud, trasladé al Ministerio Público, informando a la ciudadanía que, en mi opinión, se trata, si así es confirmado por una sentencia judicial, de un delito contra la fe pública.
En un país cargado de denuncias de corrupción política, por los casos de escándalo de personajes que debían mantener una limpia hoja de servicios al país por las responsabilidades que asumen, no hice sino acudir a la justicia y seguir el caso paso a paso, para que no se vea afectado por tergiversaciones que después hubiera que lamentar.
Se ha tratado, en todo momento, de una intervención parlamentaria de carácter público, por mi personal convicción de que hay que luchar por erradicar la corrupción, tanto más cuanto que se trataba de un escándalo que involucra colectivamente a un grupo de partidarios de un dirigente que había asumido la presidencia de la República.
En su origen, opiné como congresista que éticamente el caso justificaba plantear la vacancia presidencial y obré en consecuencia. Muchos estuvieron de acuerdo conmigo. Otros no, inclusive dentro de Unidad Nacional, a la que pertenece Renovación Nacional, del que soy presidente. Ha transcurrido el tiempo. En este país la justicia es lenta y tarda en dar resultados. Ya estamos en el tramo final del quinquenio de Perú Posible y el presidente Alejandro Toledo está por entregar el mndo, el próximo 28 de julio, al candidato que gane las próximas elecciones, que espero sea la doctora Lourdes Flores Nano.
En estas circunstancias, me ha parecido oportuno subrayar que si lo cortés no quita lo valiente, tampoco lo valiente quita lo cortés, es decir, pienso que ahora no sería oportuno plantear la vacancia sino sostener el sistema democrático, consolidando el cumplimiento de cada plazo presidencial. Como ha sido siempre mi línea de conducta, no guardo resentimiento contra ninguna persona, por mucho que hayan intentado agraviarme algunos y por muy firme que haya sido mi posición pública en discrepancia con algunos otros. Guardo para la persona de Alejandro Toledo el respeto que merece la dignidad de cualquier persona, aunque no haya sido ni sea partidario de su gestión política.
Estamos ingresando a una etapa electoral, que requiere de especial empeño para compatibilizar la defensa programática de la propuesta propia con el respeto irrenunciable a la dignidad de las personas, también de aquellas que como adversarios políticos compiten democráticamente para ofrecer alternativas de gobierno al país u ocupan actualmente puestos destacados en los poderes del Estado. Al esclarecer este tema, he querido aportar mi granito de arena a la paz cívica que requiere el momento que vivimos, dejando sentada mi distinción entre la posición programática y la defensa de los derechos de todas y cada una de las personas. Todo esfuerzo en este sentido suma a favor de la madurez de la clase política, que tanto reclama el pueblo del Perú.