Rafael Rey Rey
Ministro de Defensa
La excarcelación de la terrorista Lori Berenson nos indica que en el Perú no se cumple aquel viejo refrán que reza “la justicia es ciega”, que quiere decir que quien administra justicia debe a tratar a todos por igual. No es ciega en los procesos que se ventilan en los Juzgados, Fiscalías y Salas Penales Especiales de Terrorismo y Derechos Humanos; es más bien sesgada en contra de los uniformados y a favor de los terroristas.
A pesar de que el terrorismo es considerado hoy el más grave crimen contra la humanidad, esos magistrados juzgan a los terroristas como si fuesen “luchadores sociales”. En cambio, a los policías, ronderos y militares acusados por supuestos delitos cometidos en la defensa de la sociedad contra la asonada terrorista, los tratan como si fueran criminales de “lesa humanidad”. Esto ocurre porque esos magistrados han sido adoctrinados en “Talleres de Capacitación” que realizó la ONG roja Aprodeh, conocida defensora del MRTA, del 2002 al 2006. Veamos solo algunas consecuencias:
Mientras un tribunal especial condenó al máximo cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos, a solo 32 años de cárcel, con derecho a beneficios penales, otra sala igual le impuso 35 años al general Julio Salazar Monroe, sin pruebas ni testimonios que sustentasen los cargos.
Mientras Abimael Guzmán fue juzgado y condenado por un solo crimen – matanza de Accomarca –, al general Adrián Huamán Centeno, quien se ganó el apoyo del campesinado ayacuchano en la guerra, tiene al menos ocho procesos.
Mientras Lori Berenson y otros 589 terroristas han sido juzgados rápidamente y excarcelados gracias a los beneficios penales, el general Juan Rivero Lazo, acusado en el caso La Cantuta, lleva nueve años preso sin sentencia.
Finalmente, las ONG comunistas, porque eso son, presionan a los jueces para que dicten orden de captura contra los militares, mientras aplauden en silencio que la terrorista María del Carmen Ortega Segundo, coautora del atentado de la calle Tarata, sea juzgada en libertad por tan horrendo crimen.
En medio de este panorama desolador para los derechos humanos, esas ONG, guardan un silencio vergonzoso frente al caso Berenson.
Sólo las fuerzas armadas tienen 748 procesados. Si a esta cifra le sumamos los policías y ronderos, son más de mil los perseguidos. Lo grave es que las autoridades de la judicatura siempre encuentran una explicación a tanta injusticia, y no actúan para remendiarla.
Como ministro soy respetuoso de la independencia de los poderes constitucionales, pero como ciudadano no puedo dejar de indignarme, y tampoco puedo quedarme callado, ante tanta arbitrariedad.
¿Quién defiende entonces los derechos humanos y la justicia? Saque usted sus conclusiones amigo lector.