(2001)

Rafael Rey Rey

Del escándalo suscitado por la visita de un ministro de Estado a la Santa Sede para presentar tres cartas falsas, que perjudicaban al Cardenal y al Nuncio en el Perú han quedado todavía muchas dudas, que deben ser esclarecidas.

El país tiene derecho a saber y tiene que saber:

  1. Quién formó parte de la conspiración contra el Nuncio y el Cardenal? Sólo personas de la Iglesia o también gente del gobierno?.
  2. Cómo se inicio el asunto. Quién o quienes inventaron las cartas?.
  3. Quién robo el papel membretado de la Nunciatura?
  4. Quién entregó las cartas a Olivera. Se las entregaron a Olivera o se las entregaron al Presidente o al Primer Ministro y ellos a Olivera?.
  5. Quién y cómo se decidió el viaje de Olivera al Vaticano? Lo supo el Primer Ministro o no ¿, lo supo el Canciller o no? Lo supo el Presidente o no? Lo supo la primera dama o no?.
  6. Cuál era el verdadero objetivo del viaje de Olivera al Vaticano? Qué le dijo Olivera a la Santa Sede?.
  7. Cuál fue la reacción de la Santa Sede? Qué le contestaron a Olivera? Ha enviado la Santa Sede alguna comunicación oficial al Gobierno Peruano?.
  8. Ha contestado o no el Gobierno Peruano a la Santa Sede? Ha pedido disculpas el Gobierno, el Presidente, el Primer Ministro, el Canciller o el Ministro de Justicia a la Santa Sede, al Nuncio y al Cardenal?. En qué forma: verbal, escrita, oficial, privada?.
  9. Qué acciones ha tomado la Cancillería Peruana después de conocido el escándalo?.
  10. Por qué afirman, falsamente, el gobierno y algunos de sus voceros que la Iglesia ha pedido que no se hable más de este asunto ni se investigue ni se sancione a los responsables?.

La conspiración montada y el escándalo ocasionado además de dañar las relaciones entre el Estado Peruano y el Estado Vaticano, constituyeron un atentado contra los derechos humanos del señor Nuncio y del señor Cardenal. Si el gobierno no aclara los hechos ni investiga ni sanciona a los responsables demuestra que cuando habla de moralización, de respeto a los DD.HH, y de lucha contra la corrupción lo hace sólo para los temas que le convienen. En lo demás no le importa mentir y por lo menos permitir la impunidad.

El gobierno no debería esperar una interpelación ni una presión de la opinión pública para responder estas preguntas y esclarecer los hechos.

El gobierno tiene una responsabilidad moral con el país y debería afrontarla con honor, dignidad y sin importar las consecuencias. Porque la verdad, por más dura que esta sea, siempre es necesaria para avanzar hacia el futuro.