(2003)
Rafael Rey Rey
El bienio 2002-2003 pasará a la historia de la República como el bienio en que se suicidó el Perú, al haber expulsado de su territorio a la empresa belga Tractebel, que había comprado las empresas estatales Egasa y Egesur de Arequipa; y a la empresa chilena Lucchetti, que ya había invertido cien millones de dólares en un moderno edificio industrial en los pantanos de Villa.
Conforme pase el tiempo, los detalles concretos motivo de polémica se esfuman de la historia, como la memoria recargada de los viejos, y queda solamente el hecho en sí. El hecho aislado, solitario. Los belgas y los chilenos quisieron venir, invirtieron dinero, tuvieron confianza en el Perú, y fueron expulsados. Ese es el hecho. Las razones circunstanciales se las lleva el viento.
En paralelo, los proyectos constitucionales y legales del Congreso de la República, se hayan convertido o no en leyes, hayan sido observados o no por el Poder Ejecutivo, son también expresión de un ánimo xenofóbico y populista de la mayoría de los congresistas, respaldados por encuestas que recogen el pensamiento actual del engañado electorado.
Como si ello fuera poco, la voz de los presidentes regionales más pueblerinos se levanta para defender fueros provincianos de autarquía económica, que no se compagina con los arenales desérticos, las rocas andinas ni las selvas tupidas de nuestra desafiante geografía, tan necesitada de tecnologías de punta y capitales sólidos, para dominarla. No a las privatizaciones, no a las concesiones, no a las políticas nacionales de desarrollo, no a las inversiones extranjeras. Peor imposible.
Los asesores internacionales toman el pulso al país y encuentran que en el Perú quieren derogar la Constitución que garantizaba la seguridad de los contratos. Que garantizaba la seguridad jurídica. Que hacía del Perú atractivo a las inversiones. Quieren anular los contratos de estabilidad jurídica. Quieren reponer leyes laborales antitécnicas. Quieren incrementar el nivel impositivo del país. Quieren revisar, para anularlos, las privatizaciones y concesiones. Donde modifican los contratos mediante intromisiones del Congreso. Donde quieren crear una instancia administrativa de negociaciones internacionales a nivel regional, con todo lo que significa de improvisación, inexperiencia y caciquismo, ante un mundo globalizado y competitivo. El lamentable mensaje que se da es: inviertan en los países del Este Europeo, que se incorporarán pronto a la Unión Europea. Huyan del Perú, donde muchos políticos actúan con supina irresponsabilidad.
Hasta donde se sabe, el presidente Alejandro Toledo se limita a garantizar a los empresarios de la Confiep que velará por la legislación responsable que estimule la inversión y garantizar a los trabajadores que impulsará la creación masiva de empleo. Pero en la práctica, solamente ha salido adelante, lenta y arduamente, la política de vivienda. La política forestal, impulsada por la modernización legal de las concesiones en las zonas de bosques en Madre de Dios, Ucayali y San Martín, en cambio, está siendo recusada por los presidentes de dichas regiones, hasta el punto de que anuncian “ordenanzas” (sic) para dejar sin efecto, suspendidas, las concesiones otorgadas.
Mientras tanto, Perú Posible, “el partido” constituido, en gran parte, por desocupados que no han sabido ganarse un puesto de trabajo por su cuenta, invaden el Gobierno Central sin pudor, dejando a los antiguos trabajadores pateando latas, a nombre de la victoria democrática de su líder, que no atina a imponerse sobre ellos y llamarlos a disciplina.
No tenemos, en consecuencia, conductor ni brújula, tenemos solamente la vocación irrevocable de seguir siendo el país de las oportunidades perdidas. Solo que esta vez, lo que estamos haciendo tiene sabor a suicidio.