(2003)
Síntesis corregida de la intervención del congresista Rafael Rey Rey en la 28° sesión matinal, habida el miércoles 28 de mayo de 2003, en el curso de una Acusación Constitucional contra diversos ex ministros y altos funcionarios del Estado. 28 de mayo de 2003, en el curso de una Acusación Constitucional contra diversos ex ministros y altos funcionarios del Estado.
La acusación que está debatiendo el pleno del Congreso de la República ha sido aprobada previamente en la Comisión Permanente con un número reducido de congresistas y con el voto en contra de cuatro representantes. Durante la exposición de los abogados de la defensa, la mayor parte de los congresistas miembros estuvo ausente de la sala; solamente estuvieron permanentemente usted, señor presidete; el señor Alvarado, el señor Amprimo, el señor Delgado Núñez, el señor Requena, el señor Yanarico y los dos congresistas que firmaron el dictamen en mayoría. No me parece lógico que en el estudio de una acusación de este tipo solamente unos pocos estuvieran escuchando a la defensa, y que el quórum fuera, en un momento, de 22 parlamentarios, y 29 en el momento de máxima asistencia.
Tanto más que antejuicio o juicio político, parece casi juicio penal, porque la decisión que tome este Congreso obliga al Fiscal a acusar y obliga al Poder Judicial a abrir instrucción. Por la gravedad de las imputaciones, además, hace eventualmente que se dicte orden de detención efectiva a los inculpados. No estamos juzgando solamente sobre el honor de las personas, que es lo fundamental, también sobre el derecho a su libertad personal.
Yo quiero preguntar qué diríamos si en un proceso judicial nosotros somos acusados ante un Tribunal, donde los magistrados ingresan y salen de la Sala a su antojo, sin escuchar las razones de la defensa, antes de absolver o condenar a los acusados. ¿Qué dirían de ese Tribunal los que defienden los derechos humanos? ¡Que no ha habido el debido proceso!
Algunos me han llamado abogado de oficio, porque hablo de esta manera. Soy ingeniero industrial. No me importa si me tildan de abogado de oficio, creyendo que de esa manera ironizan o insultan. Me siento abogado de la verdad, no del odio, la pasión, la revancha ni el complejo. Defendí a los señores Luis González Posada y Javier Tantaleán de acusaciones falsas; y voté para que se derogara la ley que impedía volver al país al señor Alan García Pérez. Lo hago porque es conveniente para el país y, por supuesto, para el Congreso.
Se acusa a los ex ministros de dictar decretos de urgencia o decretos secretos, que no se pusieron en conocimiento del Congreso ni se publicaron en el diario oficial. Ahora bien, “a igual delito, igual pena”, dicen los abogados. Hemos visto en un vídeo que se ha pasado en la Comisión Permanente un programa de la periodista Rosa María Palacios cómo el actual ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, sostiene que el haber dado los decretos supremos 044-2002, 061-2002 y el que autoriza la venta de los aviones Tucano, sin haber sido aprobados en el Consejo de Ministros, sin haber dado cuenta al Congreso y sin haber sido publicados en el diario oficial, no es delito, ¡es solamente falta administrativa! Corresponde al presidente de la República y al secretario del Consejo de Ministros dar cuenta al Congreso o dar la orden de publicar de los decretos supremos.
En la apertura de instrucción de un proceso en el Quinto Juzgado Penal se dice en el noveno acápite de las consideraciones que la tesis de actos de colusión en el curso de las negociaciones para la compra de aeronaves de guerra MIG 29 y Sukhoi 25, la intervención del ex ministro Jorge Camet Dickmann se refirió al aspecto económico de la operación, en la que consiguió en un viaje a Bielorrusia una reducción del 11% en los precios de los MIG 29 y del 8% en el caso de los Sukhoi, ambos precios por debajo del precio ofrecido a la Fuerza Aérea Peruana por Treves Intora, en su propuesta del 4 de enero de 1996, quedando el precio final en 252 millones de dólares. Añade el documento que además el ex viceministro Alfredo Jaililie obtuvo también en viaje a Bielorrusia un 3% adicional de descuento, por orden de Camet. Ni los fiscales ni los jueces anticorrupción han encontrado pruebas que demuestren la comisión de delito en los ex ministros Jorge Camet y en Alberto Pandolfi.
Lamento que la Comisión Permanente haya preferido afirmar que ha prescrito su derecho al ante-juicio constitucional del ex ministro Francisco Tudela, para no pronunciarse sobre el fondo de la acusación que pesa sobre él. Lo lamento, porque no hay ni siquiera indicio alguno de delito, como ha quedado claramente establecido en este mismo hemiciclo. Lo mismo hay que decir en los casos de Efraín Goldemberg, Dante Córdova, Liliana Canale y otros.
Me recordaba hace un momento el congresista González que la guerra con el Ecuador fue a comienzos de 1995 y que las armas se compraron cuando la guerra había terminado. ¿Qué se hubiera dicho si no se hubieran comprado armas? Y, ¿fue delito usar dinero de las privatizaciones para la compra de armas en vez de destinarlos al gasto social? Lo lamentable no es que se compren armas para la defensa del país sino que con ocasión de la compra se haga negociados ilegales. Yo he votado por la investigación de quienes delinquieron a propósito de esa compra, pero no puedo acusar a los que no tienen responsabilidad en esos delitos. Los culpables están procesados o sentenciados. Uno de ellos, el señor Duthurburu, por haber colaborado eficazmente con la justicia, ha merecido una condena de solamente cinco años. El señor Duthurburu ha exculpado a los actualmente acusados por la Comisión Permanente, contra ellos no se ha abierto instrucción en el Poder Judicial, puesto que no se ha encontrado razón alguna para hacerlo. El presidente del Congreso tiene en la mesa las declaraciones del señor Duthurburu.
No se puede culpar al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros ni a los ministros de Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores por traición a la patria, colusión, peculado, malversación, destrucción de documentos y falsedad ideológica, cargos gravísimos, sin pruebas evidentes. De otra forma, hasta algunos congresistas aquí presentes tendrían que ser acusados como partícipes de asesinatos, porque votaron a favor de una norma legal que hizo posible las esterilizaciones masivas entre la población campesina del Perú. No es lógico.
He citado en otra intervención, lo que provocó la ira de un colega, al recordado señor Daniel Estrada. Voy a citarlo de nuevo ahora, porque es un hombre con quien yo discrepaba en muchas de sus ideas, pero con el que se podía dialogar abierta y libremente, como yo lo hacía, y lo digo con orgullo. ¡Qué falta nos hace Daniel Estrada! Con ocasión de una acusación anterior, la hecha por el señor Alejos, Daniel Estada me decía que este tipo de acusaciones no va a significar mérido alguno para ningún juez ni para ninguna otra institución o persona que quiera tener estos actuados como referencia de una investigación válida. Lo que decía para ese caso vale ahora para éste, porque no se ha fundamentado nada, como se puede advertir revisando la exposición hecha por el congresista Santos Jaimes, presidente de la Comisión Investigadora, ante la Comisión Permanente. No hay descripción de hechos que constituyan delitos, solamente hay suposiciones. Se supone, por ejemplo, que han desaparecido documentos. Es como si se acusara de asesinato sin saber a quién se ha matado y sin un cadáver que corresponda a quien ha matado, sin conocer pruebas sobre un probable asesinato. Es ridículo.
Tampoco se consigna en la acusación los argumentos de la defensa ni la exculpación que hace el sentenciado Duthurburu. Antes de votar a favor o en contra del ante juicio constitucional, lean señores congresistas los argumentos de la defensa y el testimonio de Duthurburu. Piensen como padres de familia en sus esposas, en sus hijos, en sus familiares y en sus amigos, antes de acusar de comisión de delito a quienes no lo han cometido.
Así como yo he votado para que se procese a los delincuentes, por amor a la verdad, tengo que votar ahora a favor de los inocentes, injustamente acusados por la Comisión Permanente, a la vista de los argumentos del dictamen en mayoría de la Comisión Investigadora. No podemos hacer como en la Revolución Francesa: “cabeza que se pone, cabeza que se corta”, porque vamos a hacer el ridículo además de cometer una gran injusticia. Yo me pregunto, señor presidente, ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿hasta dónde vamos a permitir que el Congreso se desprestigie presentando informes incoherentes y vagos, además de injustos?
No voy a detenerme en el análisis de la tipificación supuesta que cada hipotético delito, porque ha sido claramente expuesto por los abogados de la defensa. Aquellos congresistas que han querido escuchar se habrán dado cuenta de la coherencia de sus argumentos, aunque la mayor parte no haya querido ni siquiera escucharlos.
Yo espero, señores, que hoy prime la serenidad sobre el atolondramiento, la justicia sobre la subjetividad, el sentido del honor sobre la irresponsabilidad, el sentido de solidaridad sobre la indiferencia. Los acusados de hoy no han cometido delitos, por lo que espero que la acusación sea rechazada por el bien de la justicia, por el bien del País y por el bien del Congreso. Gracias.