La CVR

a) Se han gastado 13 millones de dólares y hasta la fecha no existe una formal rendición de cuentas.

b) Entre las aproximadamente 700 personas contratadas por la CV se incluyó la contratación de varios periodistas cuyo trabajo consistía en “sensibilizar y preparar a la opinión pública para que acogiera favorablemente el informe”.

c) El informe contiene graves exageraciones en cuanto al número de víctimas mortales (69,280) sin que hayan explicado el supuesto “método científico” empleado para estimar ese número. Las víctimas identificadas suman 22,507. A ese total sin embargo la CV añade 46,773 casos “anónimos”, de los que nos se conocen ni los nombres ni se han encontrado los cadáveres. La CV “estima” ese número de muertos y desaparecidos “no registrados”.

d) Se ha equiparado injustamente a quienes combatieron el terrorismo defendiendo a la sociedad, con quienes atentaron en todas sus acciones contra los DD.HH. de todos los peruanos. En lugar de agradecer sus sacrificios han calumniado y difamado a las fuerzas del orden, acusándolas de implementar una “política sistemática y generalizada de atentados contra los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad”.

e) Se ha injuriado a autoridades civiles y eclesiásticas, a militares, policías, ronderos y a ciudadanos, asignándoles delitos o al menos una “vergonzosa culpa” por lo ocurrido, sin haberles permitido dar su versión de los hechos atentando así contra sus derechos humanos y el debido proceso.

f) Se ha sostenido irresponsablemente que los factores que hicieron posible la subversión terrorista a la que los comisionados llaman eufemísticamente “alzamiento armado” y “violencia política” fueron de orden racial y étnico, omitiendo señalar a las raíces ideológicas (marxistas) del terrorismo genocida.

g) Han calificado arbitrariamente la asonada terrorista que vivimos y seguimos viviendo como un “conflicto armado interno” y han sostenido que los terroristas y las fuerzas del orden fueron los “actores armados del conflicto”, como si se tratara de un enfrentamiento ajeno a la sociedad a la que el terrorismo atacaba y las fuerzas del orden defendían.

h) Se ha calificado irresponsablemente de “partido político” a Sendero Luminoso y de “movimiento guerrillero” al MRTA, invocando indebidamente los convenios de Ginebra para afirmar que su cumplimiento era obligatorio para los que denominan “los involucrados en las hostilidades”, dándoles argumentos a los subversivos para reclamarse “grupo beligerante” y por eso “prisioneros de guerra” o “prisioneros políticos” como ellos se autodenominan.

i) Se ha ofendido a todas aquellas personas naturales y jurídicas que desarrollaron y desarrollan encomiables acciones de solidaridad con las víctimas del terrorismo, al afirmar que “todos” habíamos “olvidado vergonzosamente a las víctimas” lo que constituiría una “deshonra y vergüenza para la sociedad peruana” según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

j) Se ha cometido una gravísima injusticia al sostener que el 32% de las víctimas fatales (es decir unas 22,000 personas según la mencionada Comisión) son de “responsabilidad” de las fuerzas del orden. Cuando es de sentido común que las bajas producidas en el bando terrorista durante el combate contra ellos sólo puede ser responsabilidad de ellos mismos.
La CVR al asignar a las fuerzas del orden la responsabilidad del 32% de las víctimas fatales pretende hacernos creer que alrededor de 22,000 personas (según sus cálculos y estimaciones) murieron como consecuencia de atentados contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden. Nadie duda que en el accionar de algunos miembros de las fuerzas del orden se cometieron excesos que son condenables, pero esos casos están plenamente identificados con nombre y apellidos y no llegan al número de 100 (La Cantuta 10, Barrios Altos 15, Accomarca 69, etc.). Permítaseme un ejemplo que grafica el “criterio” de la CVR: si un grupo de delincuentes asalta un banco y asesina durante el asalto a dos empleados del banco y el policía que presta seguridad al banco mata a dos de los asaltantes, el número total de víctimas es cuatro y para cualquier persona sensata la responsabilidad del 100% de las muertes es responsabilidad de los asaltantes, pero para la CVR el 50% sería de responsabilidad de la policía.

k) Por eso, resulta especialmente llamativo que la CVR y sus “defensores” soliciten indemnizaciones económicas para todos los que ellos califican de “víctimas del conflicto armado”. Para la CVR todas las víctimas o sus familiares merecen ser indemnizadas por igual. Pretenden así que el Estado Peruano con dinero que pertenece a todos los contribuyentes -ricos y pobres, con trabajo o sin el, incluyendo a los familiares de los asesinados por el terrorismo- pague indemnizaciones a los familiares de los terroristas subversivos que fueron abatidos por las fuerzas del orden en emboscadas y ataques a las Fuerzas Armadas o a la población civil. Lo que resulta inaceptable para cualquier persona de buena voluntad. Lo que sucede es que los miembros CVR no han sabido ni quieren comprender lo que resulta evidente: si un terrorista muere en un acto terrorista que está cometiendo, muere abatido por las fuerzas del orden que en cumplimiento de su deber está defendiendo a la sociedad, por más “víctima” que se desee calificar a ese terrorista, no es lógico que las verdaderas víctimas que son la sociedad que se protege a través de sus fuerzas del orden tenga que indemnizar a quien la atacaba.

l) Al trasmitir por televisión diversos testimonios que recibieron tanto de las víctimas como de los cabecillas terroristas, la Comisión de la Verdad ha violado la estricta reserva con que debía recibir los testimonios y documentos, dispuesta en el mismo Decreto Supremo que la creó.

m) La CV se constituyó para establecer las causas de la violencia terrorista, conocer la verdad de los hechos y fomentar la reconciliación. Por lo antes expuesto puede deducirse que la CV:

• No ha cumplido con ninguno de los objetivos para los que fue creada, ocultando las verdaderas causas de la violencia terrorista, faltando a la verdad histórica y objetiva con juicios de valor que abundan en el informe y en sus conclusiones, para acomodar la “verdad” a los propios prejuicios subjetivos de sus integrantes.
• Ha reabierto heridas y ha injuriado y difamado a muchas personas, ocasionando con ello no una reconciliación (que tampoco explican entre quiénes debe darse) sino un nuevo enfrentamiento en el país, que está urgido de mirar el futuro y no pasarse los próximos 20 años discutiendo sobre los últimos 20.