(2009)
Rafael Rey Rey
Ministro de Defensa
Hace unos días, en declaraciones ofrecidas a CPN Radio, el director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra tuvo que reconocer que no se puede afirmar que haya existido una práctica sistemática de violación de derechos humanos por parte de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Desmiente así lo que se afirma en el informe de la CVR, documento considerado por muchos como una Biblia. También sostuvo que las organizaciones que agrupa esa ONG no han emprendido una persecución judicial contra nuestras Fuerzas Armadas y afirmó que respalda la labor de nuestros hombres en el VRAE.
Sus declaraciones distan mucho de lo que sucede en la realidad. Gamarra ha dicho que en el VRAE sólo existen cuatro militares procesados por violación a los derechos humanos. Falso. Solo a raíz de un enfrentamiento con narcoterroristas que tuvo una patrulla del ejército en setiembre de 2008 en el Vizcatán, hubo 170 investigados por asesinato y desaparición. Esa cifra se ha reducido a 26 actualmente. Pero todo parece señalar que el fiscal va a denunciar a este grupo de militares entre los que se encuentran dos pilotos de la FAP que ni siquiera participaron en el enfrentamiento, pues estaban dedicados al traslado de las patrullas.
El dicho que se ha hecho popular: “del VRAE sólo sales muerto o denunciado”, es real. Existe una especie de desconfianza y ensañamiento inaceptables contra nuestros soldados que trae graves consecuencias personales e institucionales. No sólo de parte de la justicia sino de aquellas ONG que le hacen el juego a los terroristas al distraer la acción del Estado. Trasladar a nuestros soldados para declarar ante la Fiscalía cuesta tiempo, recursos y distrae las operaciones militares en plena zona de guerra.
También olvida Gamarra que a la fecha existe un total 736 militares procesados e investigados por delitos contra los derechos humanos y la cifra llegó en un momento a los 910. Existen seis militares condenados y 16 presos sin sentencia (uno de ellos desde hace ocho años y medio).
Pero hay otros abusos. Por ejemplo, en el caso Los Cabitos la fiscalía está pidiendo 20 años de prisión para oficiales superiores que se encontraban a más de 300 kilómetros del lugar y no ha identificado a los autores mediatos del crimen.
En el caso Pucará se viene procesando a 40 efectivos militares no obstante que la mitad de ellos no se encontraba en la ciudad de Huancayo cuando ocurrió el operativo.
Estos atropellos llenos de falta de sentido común son frecuentes. Indigna que se olvide que nuestros efectivos actúan respaldados por la Constitución y la ley y nada más que para defender a la sociedad y por tanto también a esas ONG que los persiguen.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos debería mirar sus propias manos y pensar que tiene una enorme responsabilidad histórica con la población que necesita paz y que, esa paz, sólo se logra con el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas.