Rafael Rey Rey
Ministro de Defensa

En las últimas semanas he sido objeto de un “carga-montón” de ataques gratuitos de ciertos sectores que han reaccionado de esa manera ante mi decisión de defender el derecho al debido proceso que tienen todos los ciudadanos del Perú, entre ellos, y con mayor razón, quienes nos defendieron del terrorismo.

No comprendo por qué les molesta tanto, si ellos ejercen desde hace muchos años la defensa del derecho al debido proceso para terroristas convictos y confesos que sí son criminales violadores de derechos humanos. Los han defendido con tanto éxito que han logrado que 4.500 miembros de Sendero Luminoso y el MRTA sean excarcelados desde el año 2000.

Negar el acoso penal injusto e indiscriminado contra centenares de ciudadanos policías y militares es querer tapar el sol con un dedo. Y como no tienen argumentos para negarlo, entonces insultan, mienten y sueltan rumores tendenciosos, pero nada de ello me alcanza porque la razón está de mi lado, lo mismo que la justicia y la verdad, así que no me van a callar.

La revista Caretas se ha sumado al carga-montón haciéndose eco de los argumentos falaces y las “bolas” en mi contra. Caretas ha repetido, por ejemplo, que el presidente Alan García se molestó por mi discurso del 7 de junio (al contrario, me felicitó). Además, siguiendo la partitura de los demás que me critican, ha pretendido restringir mi defensa a los casos de los generales Rivero Lazo y Salazar Monroe, que son apenas dos de muchos. Y mezclando papas con camotes, para descalificarme, insinúa además que mi gestión ha sido zarandeada por “compras de armas suspendidas, la repotenciación de helicópteros, los porta tropas y los fusiles”.

Sin picarme y con buen ánimo les envié una breve carta aclaratoria, pero en vez de publicarla tal cual la distorsionaron a su gusto, y encima su columnista Raffo León me dedicó otro ataque gratuito. Todo para negar lo evidente, que centenares de soldados, técnicos, suboficiales y oficiales de nuestras fuerzas armadas son perseguidos penalmente por fiscales que, en vez de individualizar los delitos investigados, culpan corporativamente a los institutos armados apelando a la doctrina absurda que sostiene que,
durante la lucha contra el terrorismo, las fuerzas que defendieron a la democracia actuaron como un “aparato organizado de poder”.

Ya lo he dicho, y no me cansaré de repetirlo: si algunos uniformados han cometido delitos, que la justicia investigue, los identifique y los sancione, pero no es justo que se pretenda cargar la culpa por esos delitos a unidades militares completas, solo porque la Comisión de la Verdad sostiene, sin razón alguna, que nuestras FFAA se comportaron como una “organización criminal”.

La justicia lo acaba de corroborar en el juicio por el caso Pucará, en el que la CVR acusó a más de 40 militares, pero el tribunal comprobó que 23 de ellos jamás estuvieron en el lugar de los hechos, por lo que el fiscal se vio obligado a retirar su denuncia. ¡Y el IDL se queja porque no los condenaron!

Esto es lo que no me perdonan, que haya denunciado semejantes despropósitos, y que haya decidido defender a todos aquellos que son perseguidos y maltratados sin respeto al debido proceso. Por esto han salido a atacarme y a silenciarme, pero no podrán callarme, ni lo sueñen.